HACIA UNA BANCA VERDE: OPORTUNIDADES EN EL FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE
El crecimiento económico sostenible no solo depende de las decisiones del sector productivo, sino también de la capacidad del sistema financiero para adaptarse a los nuevos desafíos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). En este contexto, la reciente encuesta publicada por la Dirección de Monitoreo de Riesgos de la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana ofrece una radiografía clave sobre el nivel de preparación de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) para adoptar una Taxonomía Verde Nacional y gestionar los riesgos ambientales y sociales (RAS).
El estudio, que abarcó el 95.56 % de las entidades supervisadas, evaluó aspectos fundamentales como la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y los objetivos en materia de sostenibilidad. Los hallazgos evidencian un creciente reconocimiento de la importancia de los riesgos ASG y su impacto en la estabilidad financiera. En particular, el 44 % de las entidades ya ha designado responsables o ha desarrollado estructuras organizacionales específicas para abordar estos temas, un paso fundamental para consolidar procedimientos efectivos en la materia.
Sin embargo, la integración de criterios ASG en los modelos de negocio y en la planificación financiera sigue siendo una tarea en desarrollo. Apenas un 32 % de las entidades encuestadas ha implementado políticas explícitas que incorporan estos criterios, lo que sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo el marco regulador y la cultura organizacional en torno a la sostenibilidad. La identificación de riesgos climáticos y su relación con la inversión representan una oportunidad para las EIF de optimizar sus carteras y posicionarse como actores clave en el financiamiento sostenible.
En términos de productos y servicios, se han dado pasos significativos con la inclusión de créditos temáticos y programas de eficiencia energética en sectores estratégicos como el transporte y la construcción. No obstante, para maximizar el impacto de estas iniciativas, es esencial establecer métricas e indicadores que permitan medir su efectividad y garantizar su alineación con los objetivos ambientales y climáticos. En este sentido, el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) emerge como una herramienta clave para mitigar los riesgos asociados a las actividades de los clientes, aunque solo el 26 % de las entidades lo ha implementado en algún nivel.
El informe también resalta que un 63 % de las entidades reconoce que los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, impactarán sus áreas de negocio en el futuro. Esta percepción es un indicio positivo del nivel de conciencia que está desarrollando el sector financiero, pero también subraya la urgencia de contar con estrategias robustas para gestionar estos riesgos y convertirlos en oportunidades de inversión sostenible.
En cuanto a los objetivos ambientales, el 38 % de las entidades ya ha definido metas específicas, enfocándose en la descarbonización de sus carteras y la movilización de créditos sostenibles. Además, se observa una preferencia en la inversión hacia sectores vinculados a la eficiencia energética, la construcción y el transporte sostenible, así como a industrias más eficientes y la gestión de residuos.